¿Qué más? | Luis de la Calle
La nueva realidad obliga a poner en la mesa reformas que el precio alto no permitía considerar
El desplome del precio internacional del petróleo no es un cisne negro; es decir, un evento con muy baja probabilidad que acaba sucediendo. Por el contrario, era claro que el barril a más de cien dólares no era un nivel que debiera haberse supuesto como un piso.
El reto de finanzas públicas que hoy se tiene es consecuencia de que no se hayan acumulado reservas en los años de vacas gordas. Ahora que se cuenta con un Fondo Mexicano del Petróleo para administrar la abundancia, el precio de mercado, si permanece muy por debajo de su nivel del año pasado, implica que el Fondo tardará un buen tiempo en llenarse.
El alto precio del petróleo de los últimos años permitió tener un colchón para la aprobación unánime de presupuestos federales en el Congreso así como importantes transferencias a estados y municipios que se han traducido en infraestructura, pero también en una explosión burocrática, incrementos en gasto corriente, gasto desmesurado en publicidad y en actividad político-electoral y otros.
Trágicamente, en no pocos casos, esta disponibilidad presupuestaria se convirtió en apetitoso botín para el crimen organizado y el pago y armamento de su personal.
El alto precio del petróleo tuvo también como efecto crear un fuerte incentivo para que estados y municipios no recauden.
El menor precio del petróleo tiene un importante impacto en finanzas públicas y es muy bienvenida la decisión del presidente Peña Nieto de comenzar a implementar un recorte en el gasto este año, incluso antes de las elecciones y sin esperar a que se acaben las coberturas y se tenga el impacto más fuerte en 2016. Hace bien el gobierno en tomar estas previsiones y enviar una señal de que las finanzas públicas se manejarán de manera responsable y antes de que los mercados lo exijan.
La disminución del precio del petróleo hace también necesario poner el énfasis de la implementación de la histórica reforma energética en el tendido de la red de gasoductos en todo el país que fomente la competitividad industrial y el abaratamiento de la generación de energía eléctrica. Con energía barata, el desarrollo industrial de México y la incorporación de valor agregado por unidad exportada son imparables ante la mayor competitividad relativa con respecto a China. Así, el impacto de la reforma en el tránsito a un mercado competitivo de energía será más importante, con estos precios, que la exploración y explotación de hidrocarburos.
El menor precio del petróleo debe sentar las bases de una reforma fiscal para una mayor democratización y Estado de derecho al estar basada en el cobro del impuesto predial.
El cobro del impuesto predial puede convertirse en el catalizador de una auténtica modernización y compensar la caída de ingresos por un menor precio del petróleo. Tiene varias virtudes: es un impuesto progresivo que grava la riqueza, además de disminuir el déficit democrático al acercar a las autoridades de los ciudadanos, incrementar la rendición de cuentas y obligar a gobernadores y presidentes municipales a trabajar para lograr su recaudación. Crea también un incentivo para que las autoridades protejan los derechos de propiedad con el objetivo de asegurar su base gravable. Más aún, desplazará, con el tiempo, el cobro de derecho de piso que con tanta eficacia obtiene el crimen organizado que ha remplazado al Estado en varias regiones.
Se requiere un esquema que permita: uno, que la recaudación esté a cargo de gobernadores y no presidentes municipales. Dos, una etiquetación para el ejercicio de estos recursos: diez por ciento para el estado, 50 para el municipio y 40 para la comunidad donde está el predio. Tres, que el presupuesto de la Federación premie la recaudación predial en municipios marginados.
La nueva realidad del precio del petróleo obliga a poner en la mesa reformas que el precio alto no permitía considerar.
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