¿Habrá legalidad en energía?
30 / OCT / 2018
Especialistas
David Shields
La democracia implica cambios de gobierno, de políticas públicas, de estilos de gobernar. Pero ¿hasta qué punto conviene refundar las instituciones y replantear las políticas y los proyectos de los gobiernos anteriores? Aquí no hay una respuesta fácil, pero no sólo el tema del aeropuerto, sino también las ideas de política energética del Presidente electo Andrés Manuel López Obrador han generado una intensa polémica, así como riesgos económicos, en medio de ríspidos reacomodos entre grupos de poder.
Hay políticas y obras públicas que deberían ser transexenales, pero que no sobreviven el cambio de poderes. El aeropuerto de Texcoco es la víctima inmediata. Pero también en la política energética, se anticipa un cambio de rumbo no menos radical. A López Obrador no le agrada la Reforma Energética de Peña Nieto. Aunque él ha dicho que no cancelará los contratos petroleros, la intención de frenar o revertir la Reforma sigue latente en las filas de Morena. Existe ya una iniciativa de cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que plantea subordinar y quitarles autonomía a los reguladores –la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)– quienes son esenciales para implementar la Reforma.
El caso del aeropuerto sienta un precedente ominoso. López Obrador recurrió a una consulta que no es legal (y por ende, difícilmente legítimo) ni representativo ni institucional, más bien es partidista e irregular, y de por medio están los intereses de un contratista predilecto. De ahí la pregunta: ¿veremos irregularidades en la futura política energética que atenten contra los principios de legalidad, transparencia e imparcialidad en la contratación pública?
AMLO señala que la Reforma Energética aún no se traduce en nuevos barriles de petróleo y que han crecido los riesgos de seguridad energética por la caída de la producción petrolera, por la importación de gasolinas y por la debilidad y las deudas de Pemex y CFE. Por ello, apuesta a cambios fuertes, a soluciones controvertidas y apresuradas. Plantea el reto de poner a producir nuevos yacimientos en 15 meses y de construir una refinería en Tabasco en sólo tres años. Son proyectos que suelen requerir cuatro y seis años, respectivamente, cuando se aplica el mayor rigor técnico y normativo.
Sin embargo, así como no hay proyecto ejecutivo para un aeropuerto en Santa Lucía, no lo hay para una refinería en Dos Bocas, Tabasco. Tampoco se tiene un dictamen sobre la idoneidad del terreno para la refinería. No se supo quién pagó (o pagará) por la obra recién concluida de desmonte y limpieza del terreno. Morena promulgó una reforma a Ley de Obras estatal, la llamada Ley del Compadre, en Tabasco, misma que privilegia la asignación directa de contratos, en vez de la licitación pública.
En el caso de los reguladores, el plan de los legisladores de Morena para “sectorizarlos” en la Secretaría de Energía no significaría sólo la pérdida de su autonomía operativa, sino presumiblemente también una fuerte reducción de su presupuesto y su personal. Los reguladores tienen la tarea de asegurar una regulación imparcial y eficiente de la industria energética y la legalidad en el cumplimiento de los permisos y contratos. Si se reduce la eficacia de su trabajo, se eleva el riesgo de que la industria opere mal.
Es posible que, con el tema del aeropuerto, López Obrador pierda credibilidad ante algunos sectores aún antes de asumir la presidencia. Pero, sobre todo, es inadmisible que él nos pida, como acto de fe, confiar en que su gobierno, a diferencia de los anteriores, no será corrupto, cuando se percibe que la legalidad ha sido relegada y despreciada en los casos antes mencionados.
El estado de derecho es el último dique que hay que proteger ante el avance de la ilegalidad y la corrupción. Si AMLO y sus simpatizantes lo saben, ¿por qué actúan en algunos frentes para debilitarlo? Finalmente, sólo la legalidad y un combate real y concienzudo contra la corrupción pueden ser el estandarte de la refundación nacional.
Fuente: Especialistas 30 de octubre de 2018