La propuesta de Decreto para la creación del Centro de Logística para la Distribución y Transporte de Petrolíferos del presidente Andrés Manuel López Obrador fortalecería a la Secretaría de Energía (Sener) en menosprecio de los órganos reguladores autónomos del sector energético, consideró Arturo Carranza, consultor energético para Mercury LLC.
“Esta propuesta delinea la visión que la administración del Presidente López Obrador tiene sobre el sector energético. De manera particular, deja entrever el propósito de fortalecer a la Sener en menosprecio de los órganos reguladores en materia energética”, subrayó.
El jueves de esta semana, directamente el presidente López Obrador presentó ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) un proyecto de decreto que crearía el Centro, cuyas atribuciones serán establecer, implementar y, en su caso, ejecutar las estrategias y acciones de fomento para la realización de las actividades de distribución, transporte y almacenamiento de petrolíferos y otros servicios relacionados.
También podrá coordinar y supervisar la medición, control y participación volumétrica de los petrolíferos recibidos y entregados.
Destaca que el nuevo organismo administraría la planeación, evaluación y desarrollo de las actividades relacionadas con su objeto, una atribución parecida a la del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenace).
Adicionalmente, podrá gestionar y, en su caso, celebrar los actos jurídicos relacionados directa o indirectamente con su objeto, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
A este respecto, Arturo Carranza, quien es especialista en temas de regulación energética, comentó para Energía a Debate que la creación de un órgano con facultades específicas y limitado en su autonomía podría afectar la autoridad de la CRE.
Argumentó que la CRE hoy en día es responsable de establecer disposiciones y permisos para regular los niveles de almacenamiento y suministro de hidrocarburos y petrolíferos. “De concretarse, la CRE tendrá que discutir y negociar sus disposiciones y permisos con este órgano, burocratizando las decisiones y dependiendo, en última instancia, de las determinaciones de la Sener”, advirtió Carranza.
El área jurídica de la CRE se encontraba ayer por la tarde analizando los alcances de la nueva institución, con el fin de determinar si existen “traslapes” y duplicidad de funciones, informó su área de Comunicación Social.
El comisionado presidente del órgano regulador, Guillermo García Alcocer, comentó en su cuenta de Twitter (@garcialcocer) que la Ley de Hidrocarburos ya contempla a un operador independiente de petrolíferos.
“Sería interesante un descentralizado, con patrimonio y personalidad propia, que contara con los activos de Pemex Logística. Un operador independiente de petrolíferos que se prevé en la Ley de Hidrocarburos”, escribió García Alcocer.
El problema es que la Ley de Hidrocarburos menciona que los gestores se coordinarán con la CRE, no con la Sener. De hecho, el presidente López Obrador, desde el inicio de su administración en diciembre del 2018, expresó su intención de eliminar la autonomía de los órganos reguladores coordinados en materia de energía –la CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos– para depender de la Secretaría de Energía, concentrando en ésta última toda la regulación energética.
Precisamente la relación del nuevo Centro con Petróleos Mexicanos no queda clara, asegura Arturo Carranza. “Esta duda toma relevancia en el contexto de los esfuerzos que se han realizado durante los últimos meses con la finalidad de que privados tengan acceso a esta infraestructura para transportar y almacenar su propio combustible”, refiere el especialista.
“¿Podrá este órgano lograr que Pemex acate las estrategias y acciones que se dicten en materia de distribución, transporte y almacenamiento de petrolíferos? ¿Tendrá la capacidad de generar los incentivos necesarios para que los privados paguen por utilizar la infraestructura del Estado mexicano?”, terminó por cuestionar.
La empresa productiva subsidiaria Pemex Logística opera actualmente 141 ductos, de los cuales 48 son oleoductos, 78 son gasoductos, 11 son gasolinoductos y 4 son oleogasoductos, sumando entre todos más de 17 mil kilómetros de longitud.
De esa longitud, aproximadamente 14 mil son ductos que transportan petrolíferos.
El proyecto de decreto se encuentra exento de la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) por parte de la CONAMER, un mecanismo que permite garantizar que los beneficios de las regulaciones sean superiores a sus costos, explica en su página de Internet la Comisión, un organismo dependiente de la Secretaría de Economía.
“La MIR permite analizar sistemáticamente los impactos potenciales de los instrumentos regulatorios para la toma de decisiones gubernamentales, fomentando que éstos sean más transparentes”, sostiene el organismo regulatorio.
La CONAMER, en su área de Energía, explicó que en el caso del proyecto de decreto del Centro de Logística y Distribución de Petrolíferos del presidente López Obrador, la Comisión dará una respuesta en un plazo no mayor a los cinco días (jueves 24 de enero), con sustento en el Artículo 71 de la Ley General de Mejora Regulatoria.
En cuanto a los problemas de abasto de combustibles derivado de la llamada guerra contra el robo de gasolinas emprendida por el gobierno federal, Carranza consideró que de contar con mejor infraestructura, el problema se habría resuelto de mejor manera.
“Si el nuevo gobierno hubiera contado con una infraestructura adecuada para transportar, almacenar y distribuir combustibles, los problemas de abasto que muchos ciudadanos vivimos en las últimas semanas se hubieran resuelto de mejor manera”, afirmó.
Fuente: Ulises Juárez / Energía a Debate 18 / ENE / 2019